Resumen en español

La presente investigación analiza los criterios jurisprudenciales utilizados para valorar el peligro para la comunidad como riesgo procesal en la imposición de medidas cautelares personales dentro del Sistema Penal Acusatorio panameño, específicamente en el Primer Circuito Judicial durante el período 2022–2026. Este riesgo procesal, regulado en el artículo 227, numeral 3, del Código Procesal Penal, permite restringir la libertad de una persona imputada cuando su permanencia en libertad represente una amenaza concreta para la colectividad. Desde la implementación del Sistema Penal Acusatorio en Panamá en 2016, las medidas cautelares personales han tenido como finalidad garantizar la comparecencia del imputado y asegurar el adecuado desarrollo del proceso penal. Sin embargo, la causal de peligro para la comunidad ha adquirido una relevancia particular al constituir una herramienta de protección social en casos vinculados a delitos graves, especialmente aquellos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, pandillas y blanqueo de capitales. Su frecuente utilización ha generado interrogantes sobre los criterios empleados por jueces y magistrados para determinar la existencia de este riesgo y sobre el grado de objetividad, uniformidad y coherencia de las decisiones judiciales. La investigación se justifica por la necesidad de examinar críticamente una figura jurídica que impacta directamente derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia. Asimismo, pretende contribuir a una administración de justicia más garantista y objetiva, identificando posibles inconsistencias o vacíos metodológicos en la valoración judicial del peligro para la comunidad. Desde el punto de vista teórico, busca delimitar el contenido conceptual de este riesgo procesal y diferenciarlo de otras causales cautelares, como el peligro de fuga o la obstaculización de la investigación.