Resumen en español

Esta investigación aborda el análisis de la prueba científica en el Sistema Penal Acusatorio panameño (SPA), destacando su creciente relevancia en los procesos judiciales y las limitaciones normativas y prácticas que presenta en la actualidad. La ciencia y la tecnología han transformado la manera en que se desarrolla la actividad probatoria en el proceso penal, pues han introducido técnicas como el análisis de ADN, las pruebas balísticas o la informática forense. No obstante, en Panamá, el marco jurídico no ha evolucionado al mismo ritmo, en consecuencia, generan riesgos de vulneración de garantías fundamentales. El problema central radica en la ausencia de una regulación clara y diferenciada para la prueba científica. El Código Procesal Penal hace referencia a la prueba pericial en general, pero no establece criterios específicos de admisibilidad ni filtros epistémicos rigurosos. Ello ha permitido la entrada al proceso de pruebas sin contradicción —como en los casos de ADN, alcoholemia y droga, debilitando los principios de inmediación y contradicción propios del SPA. Asimismo, la valoración de estas pruebas queda sujeta a la sana crítica, pero sin guías técnicas claras, lo que conlleva el riesgo de sobre valoración y de lo que la doctrina denomina “mito de la infalibilidad científica La metodología aplicada fue de enfoque cualitativo, con diseño documental y bibliográfico, basada en el análisis de fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales nacionales e internacionales. Se utilizó como referente comparado el estándar Daubert desarrollado en Estados Unidos, el cual ha sido adoptado en países como Colombia, España y Perú para garantizar la fiabilidad y validez de las pruebas científicas, a través de estos criterios; verificabilidad, revisión por pares, tasa de error y aceptación en la comunidad científica. Las conclusiones señalan la necesidad urgente de una reforma procesal que incorpore una regulación específica sobre la prueba científica establezca criterios de admisibilidad más estrictos y fortalezca la capacitación técnica de los operadores judiciales. Solo mediante estos ajustes será posible integrar adecuadamente la ciencia en el proceso penal panameño, asegurando un equilibrio entre la búsqueda de la verdad judicial y la protección de los derechos fundamentales. En suma, este trabajo constituye un aporte académico y práctico orientado a promover un uso más racional, garantista y confiable de la prueba científica en Panamá, y se proyecta como una base para futuras reformas legislativas, doctrinales y pedagógicas que fortalezcan el SPA en su misión de impartir justicia.