FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
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Examinando FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS por Autor "Arbeláez Barrios, Sonia Matilde [asesora]"
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Publicación Acceso abierto La eficacia de los métodos alternos de resolución de conflictos en el sistema penal acusatorio de Panamá(Universidad Latina de Panamá, 2026) Contreras Aparicio, Rodolfo [autor]; Arbeláez Barrios, Sonia Matilde [asesora]El presente trabajo de investigación analiza la eficacia de los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (MARC) dentro del Sistema Penal Acusatorio de la República de Panamá, implementado progresivamente a partir de la Ley 63 de 2008. El estudio examina los principales mecanismos alternativos reconocidos por el ordenamiento procesal penal panameño la mediación, la conciliación, los acuerdos de culpabilidad y la suspensión del proceso a prueba evaluando su regulación normativa, su aplicación práctica y su impacto real en la administración de justicia. A través de una metodología de carácter documental y analítico, se identifican los avances alcanzados desde la adopción del modelo acusatorio, así como las limitaciones estructurales, institucionales y culturales que condicionan el pleno desarrollo de estos mecanismos. Los resultados evidencian que, si bien los MARC han contribuido a la descongestión del sistema judicial y a la promoción de soluciones consensuadas entre las partes, su eficacia se ve comprometida por factores como la aplicación desigual según el tipo de delito, la insuficiente capacitación de los operadores jurídicos y la persistencia de una cultura punitiva dentro del propio sistema. El trabajo concluye con una serie de reflexiones orientadas a fortalecer el uso de estos mecanismos como herramientas genuinas de justicia restaurativa, en consonancia con los estándares internacionales y las necesidades del sistema de justicia panameñoPublicación Acceso abierto El examen habilitante como requisito previo de acceso a la función pública para la profesionalización del servicio civil, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la buena gobernanza en Panamá(Universidad Latina de Panamá, 2025) Jones Franco, Karen Elvira [autora]; Arbeláez Barrios, Sonia Matilde [asesora]El presente trabajo propone e impulsa la exigencia de un Examen Habilitante como requisito previo para el ingreso a la función pública en Panamá. Partiendo de la hipótesis de que un mecanismo estandarizado de evaluación contribuye a elevar la idoneidad de los servidores públicos y a reducir la discrecionalidad en los nombramientos. La investigación articula un análisis jurídico propositivo sustentado en el Texto Único de la Ley 9 de 1994, doctrina especializada y derecho comparado (Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y Corea del Sur). Su objetivo general consistió en demostrar la importancia del examen habilitante como requisito previo al acceso de la función pública en Panamá con el fin de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y la buena gobernanza. Nuestro planteamiento se fundamenta en el hecho de que para el fortalecimiento de las instituciones públicas, se requiere avanzar hacia un modelo de servicio civil moderno, independiente e imparcial, en el que los servidores públicos puedan actuar conforme a principios de neutralidad, legalidad y compromiso ético y al margen de intereses políticos del gobierno de turno, situación que ha llevado a Panamá a tener calificaciones más bajas en el servicio civil en América Latina y el Caribe, según el último informe del Banco Interamericano para el Desarrollo, 2024. Desde esta perspectiva, surge la pregunta central de investigación: Garantiza nuestro ordenamiento jurídico que la función pública se desarrolle con independencia e idoneidad para cumplir con los fines del Estado de Derecho Para el desarrollo de esta propuesta se aplicó el método jurídico-propositivo mediante análisis documental y derecho comparado. Los resultados principales se dirigen a demostrar la compatibilidad jurídica de la propuesta, vacíos prácticos identificados en el ingreso a la función pública y la evidencia comparada de países analizados que muestran que la existencia de exámenes estandarizados, órganos técnicos independientes y evaluaciones y requisitos para altos cargos contribuye a mayores niveles de profesionalización y menor discrecionalidad. Igualmente, se demuestra la viabilidad operativa, de diseñar un examen que combine conocimientos constitucionales, administrativos, y evaluación ética, administrado por una autoridad competente en la que los resultados puedan integrarse a un registro o lista de elegibles la cual sería de uso para nuevos nombramientos en todas las instituciones del Estado. Se formula la creación de un Examen Habilitante como requisito previo al acceso, el cual puede darse por fases y en inicio la responsabilidad administrativa recaería en la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) fortalecida con autonomía técnica y apoyada por universidades acreditadas para el diseño y la validación Las conclusiones y recomendaciones van dirigidas a la viabilidad del Examen Habilitante y su implementación, la cual se considera políticamente pertinente para Panamá, el cual se espera contribuya a la profesionalización del servicio civil, al fortalecimiento del Estado de Derecho, la reducción de discrecionalidad y mayor sujeción a la ley y a la buena gobernanzaPublicación Acceso abierto La Ley 415 de 2023 y los remates judiciales en Panamá: análisis y desafíos de armonización con el Código Procesal Civil(Universidad Latina de Panamá, 2026) Dowlin, Joshua [autor]; Arbeláez Barrios, Sonia Matilde [asesora]La presente investigación tiene como objeto fundamental analizar la Ley N.º 415 de 22 de noviembre de 2023 y su incidencia normativa en el régimen de los remates judiciales en la República de Panamá, atendiendo a su articulación con el Código Procesal Civil. Para lograr un análisis exhaustivo se realizó una investigación documental y descriptiva, basada en el estudio de la normativa vigente, doctrina, artículos jurídicos especializados y jurisprudencia disponible, referida al procedimiento de remate judicial antes y después de la reforma introducida por la Ley 415. Se pudo establecer que el remate judicial es el mecanismo procesal mediante el cual se realiza la venta forzosa de bienes embargados con el fin de satisfacer una obligación reconocida judicialmente, y que, antes de la reforma, dicho procedimiento presentaba deficiencias relacionadas con la desactualización de los valores base utilizados para la subasta, lo que en la práctica perjudicaba principalmente a los deudores. La Ley 415 modificó los artículos 1652, 1657, 1743 y 1744 del Código Judicial, estableciendo la obligatoriedad de un avalúo profesional como base del remate, la posibilidad de que ambas partes presenten sus propios avalúos, y la devolución del excedente al deudor una vez satisfecha la obligación. No obstante, dicha reforma coexiste, desde el 11 de octubre de 2025, con el nuevo Código Procesal Civil, que regula de manera más general el procedimiento ejecutivo, lo que plantea retos de armonización normativa. Panamá, al igual que otros países de la región, atraviesa un proceso de modernización de su sistema de administración de justicia civil, en el que la seguridad jurídica, la transparencia y la protección efectiva de los derechos patrimoniales de las partes constituyen objetivos centrales. En este contexto, resulta necesario continuar evaluando la aplicación práctica de la Ley 415 y su interacción con el nuevo Código Procesal Civil, con miras a fortalecer la eficacia y la equidad del sistema de remates judiciales en el país. Como resultado de este análisis, la investigación culmina con la formulación de una propuesta de lineamientos de armonización normativa entre la Ley 415 y el Código Procesal Civil, orientada a fortalecer la coherencia y la protección patrimonial dentro del régimen de remates judiciales en Panamá.Publicación Acceso abierto Principios de la contratación pública en Panamá conforme a la ley No. 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley No. 153 de 8 de mayo de 2020(Universidad Latina de Panamá, 2026) Aguilar Pinto, Alan Ariel [autor]; Arbeláez Barrios, Sonia Matilde [asesora]La contratación pública constituye uno de los instrumentos fundamentales mediante los cuales el Estado panameño satisface las necesidades colectivas y ejecuta políticas públicas orientadas al desarrollo económico y social. En este contexto, la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, ordenada por la Ley No. 153 de 8 de mayo de 2020, establece el marco jurídico que regula los procedimientos de selección de contratistas y la celebración de contratos públicos, sustentado en principios rectores de obligatorio cumplimiento para todas las entidades estatales. Este trabajo tiene como objetivo principal analizar los principios de la contratación pública en Panamá, identificando su contenido, alcance y aplicación práctica, conforme a la normativa vigente. Es importante destacar que la investigación aborda el concepto y la naturaleza jurídica del contrato administrativo, examinando sus elementos esenciales, características y efectos, así como las prerrogativas especiales que posee la administración pública en atención al interés general. Se analiza, además, el régimen jurídico especial que distingue a los contratos administrativos de los contratos de derecho privado, resaltando la importancia del fin público como elemento determinante. Podemos señalar, asimismo, que el estudio desarrolla de manera sistemática los principios que rigen la contratación pública en Panamá, entre los que destacan la transparencia, la economía, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia, la publicidad y el debido proceso. Estos principios se presentan como herramientas indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades entre los oferentes, la libre concurrencia, la selección objetiva del contratista y la fiscalización ciudadana de los actos públicos. Para finalizar, el trabajo resalta el impacto positivo que tiene la correcta aplicación de estos principios en la gestión pública, al promover un uso más racional y equitativo de los recursos del Estado, fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y contribuir a la prevención de actos de corrupción. Por lo cual, la investigación se proyecta como un aporte académico al fortalecimiento del sistema de contratación pública de Panamá.Publicación Acceso abierto Responsabilidad patrimonial por fallas del servicio en los juzgados municipales(Universidad Latina de Panamá, 2025) Acosta Betegon, Marukel [autora]; González, Jorge Isaías [autor]; Arbeláez Barrios, Sonia Matilde [asesora]La falla del servicio ha sido en nuestro derecho y continúa siendo el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete por principio una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Las obligaciones que están a cargo del Estado y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión, han de mirarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en aquellos supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión de una autoridad pública en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada.Publicación Acceso abierto Valoración del peligro para la comunidad en medidas cautelares personales: análisis jurisprudencial del Primer Circuito Judicial (2022–2026)(Universidad Latina de Panamá, 2026) Díaz Calderón, Joseph Allan [autor]; Arbeláez Barrios, Sonia Matilde [asesora]La presente investigación analiza los criterios jurisprudenciales utilizados para valorar el peligro para la comunidad como riesgo procesal en la imposición de medidas cautelares personales dentro del Sistema Penal Acusatorio panameño, específicamente en el Primer Circuito Judicial durante el período 2022–2026. Este riesgo procesal, regulado en el artículo 227, numeral 3, del Código Procesal Penal, permite restringir la libertad de una persona imputada cuando su permanencia en libertad represente una amenaza concreta para la colectividad. Desde la implementación del Sistema Penal Acusatorio en Panamá en 2016, las medidas cautelares personales han tenido como finalidad garantizar la comparecencia del imputado y asegurar el adecuado desarrollo del proceso penal. Sin embargo, la causal de peligro para la comunidad ha adquirido una relevancia particular al constituir una herramienta de protección social en casos vinculados a delitos graves, especialmente aquellos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, pandillas y blanqueo de capitales. Su frecuente utilización ha generado interrogantes sobre los criterios empleados por jueces y magistrados para determinar la existencia de este riesgo y sobre el grado de objetividad, uniformidad y coherencia de las decisiones judiciales. La investigación se justifica por la necesidad de examinar críticamente una figura jurídica que impacta directamente derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia. Asimismo, pretende contribuir a una administración de justicia más garantista y objetiva, identificando posibles inconsistencias o vacíos metodológicos en la valoración judicial del peligro para la comunidad. Desde el punto de vista teórico, busca delimitar el contenido conceptual de este riesgo procesal y diferenciarlo de otras causales cautelares, como el peligro de fuga o la obstaculización de la investigación.